El problema actual más acuciante de la economía española, por un lado se centra en el acceso y el coste de la financiación en los mercados financieros nacionales e internacionales tanto para las familias y empresas como para las entidades crediticias y financieras e incluso para los distintos niveles de las administraciones públicas, y por otro la inexistencia de sectores económicos potentes capaces de competir en los mercados globales y por lo tanto, susceptibles de generar demanda hacia productos y servicios generados en el seno de nuestro país.
El crecimiento económico de los últimos años se ha financiado con fondos procedentes del exterior. Lo problematico es que mucha de esa deuda externa se invirtió en bienes no exportables y que no evitan las importaciones.
Por lo tanto los dos problemas antes mencionados se entrecruzan y sus efectos negativos sobre el horizonte económico español se incrementan. Por establecer una comparación con el caso irlandés, la diferencia reside en que ese mismo endeudamiento financiado con fondos exteriores ha sido utilizado en la potenciación de sectores cuya producción se dirige hacia los mercados internacionales, en lugar de orientarse hacia el mercado interno (esta es la razón por la cual las expectativas futuras de la economía irlandesa son mejores que las de la economía española, _aunque está por ver las consecuencias del drástico ajuste presupuestario del gobierno irlandés_.
Según comenta Guillermo de la Dehesa, "estos problemas están estrechamente unidos al déficit por cuenta corriente generado en la última década. Nunca se había dado importancia al déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos de un país miembro del área euro (AE), dada la supuesta convergencia condicional entre los países miembros, donde aquellos con menor nivel de desarrollo tienden a crecer a mayor ritmo que los más desarrollados, con lo que puede ser óptimo para los primeros tener un déficit por cuenta corriente y financiarlo con su mayor tasa de crecimiento de la productividad y la competitividad externa.
La convergencia condicional asume que el aumento futuro de las exportaciones netas permitirá pagar el servicio de la deuda externa contraída. Pero para que así sea es necesario que los recursos externos tomados se inviertan en la producción de bienes y servicios exportables o comerciables. Sin embargo, en España no ha sido así, ya que buena parte de la deuda externa se ha invertido en la producción de bienes no exportables o no competidores con las importaciones, al ser utilizados en buena parte en construir viviendas que no son exportables, aunque algunas hayan sido compradas por no residentes europeos aprovechando los bajos tipos reales de interés y la ausencia de riesgo de cambio españoles.
Al final, lo único que se ha conseguido es una productividad laboral muy baja y una PTF negativa, al utilizarse el auge del crédito financiado en el exterior para respaldar una burbuja de demanda interna que ahora hace difícil refinanciar toda la deuda externa tomada. Así se ha llegado a un déficit externo por cuenta corriente tan abultado. Es verdad que es muy difícil controlar un auge del crédito en algunos países miembros cuando el BCE se concentra exclusivamente en conseguir mantener la tasa armonizada de inflación al consumo (ponderada por el PIB de cada país miembro) a medio plazo dentro de sus objetivos, y los tres más grandes, Alemania, Francia e Italia, han crecido poco y con baja inflación.
Sin embargo, el eurosistema podría haber recurrido a aumentar el coeficiente de caja (obligar a los bancos a tener una mayor cantidad de dinero líquido) de forma diferenciada para cada país miembro para evitar la burbuja que se ha producido en aquellos países convergentes con mayor tasa de inflación y menores tipos reales de interés, pero no lo hizo. Felizmente, el Banco de España se atrevió a establecer el sistema de provisiones dinámicas para intentar reducir la explosión esperada del crédito".
Cuando algunas entidades de crédito tienen dificultades para hacer frente a dichos impagos y problemas de liquidez, circunstancia que ha ocurrido en muchos paises y recientemente en Irlanda (excepción hecha de Islandia que prefiríó no acudir al rescate de las entidades financieras,) transfieren parte de su deuda al Estado, al tener este que rescatarlas, reestructurarlas o suministrarlas liquidez comprando sus activos dañados para evitar que caigan en una situación de insolvencia y contagien al resto del sistema,
Como consecuencia de este "rescate masivo", el Estado se ve obligado a hacer una fuerte contracción fiscal derivada de su mayor gasto, tanto en estímulos fiscales para evitar una recesión mayor como al activarse los estabilizadores automáticos, especialmente por mayor desempleo y mayores ayudas no contributivas. Es entonces cuando se ve obligado a transferir también parte de su deuda a las familias y empresas, reduciendo sus gastos corrientes y de inversión y aumentando sus impuestos para poder reducir su déficit y refinanciar su deuda con menores costes financieros.
Ahora las familias y las empresas (que son las que financian el Estado y la Seguridad Social con sus impuestos y contribuciones) están viéndose obligadas a reducir su gasto y aumentar su ahorro para poder repagar sus préstamos hipotecarios y refinanciar sus deudas. Las entidades crediticias tienen que reducir sus préstamos y darlos más caros para poder hacer frente a sus mayores provisiones de morosidad, falencia, así como aumentar sus depósitos y vender activos para atender las mayores demandas de capital y provisiones, y finalmente, las administraciones públicas se ven obligadas a gastar menos y subir los impuestos (contracción fiscal) para poder refinanciarse en los mercados a menor coste que el actual.
El problema de las contracciones fiscales es que tienden a reducir el crecimiento económico. El FMI ha calculado recientemente que, en promedio, cada punto porcentual de PIB de contracción del gasto público reduce el crecimiento del PIB hasta medio punto porcentual dos años más tarde y aumenta el desempleo hasta tres décimas de punto dos años más tarde. Su magnitud es menor si solo se reduce el gasto corriente, pero puede ser mayor si también se reduce inversión y si además se aumentan los impuestos.
Los tres mayores gastos del presupuesto consolidado de las administraciones públicas son el coste del servicio de la deuda, el del desempleo y el de las pensiones contributivas y no contributivas. De ahí que el efecto contractivo señalado por el Fondo Monetario Internacional podría ser menor si se despeja cuanto antes el problema fiscal futuro de las pensiones y de la sanidad, lo que daría una mayor confianza general y un mayor incentivo a familias y empresas para consumir e invertir ahora, y a las entidades crediticias para deshacerse de sus activos morosos y fallidos. Además, se enviaría un claro mensaje a los mercados de que se hacen y profundizan las reformas estructurales anunciadas, reduciéndose así el coste del servicio de la deuda.
Pero el problema fiscal de las pensiones no existe en este momento, por lo tanto su reforma no es tan urgente como dice el FMI (en todo caso puede servir para dar confianza a los inversores extranjeros, pero no para reactivar la economí que es el verdadero problema) y aumentar el consumo de las familias tampoco es solución pues pasa por un irremediable incremento de las necesidades financieras
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