¿Qué indican los datos macroeconómicos?

Bruselas admite que España controla mejor la deuda que la eurozona
La Comisión Europea y el FMI mejoran las expectativas de la economía española, y se acercan a las últimas que ha realizado el Gobierno
ANDREU MISSÉ - Bruselas - 06/12/2010

Bruselas reconoce en sus últimas previsiones que España está logrando un mejor control de la deuda pública que la zona euro y mejor de lo que había pronosticado hace un año. El endeudamiento público español se situará en 2011 en el 69,7% del producto interior bruto (PIB), cuatro puntos menos que lo previsto hace un año por la Comisión Europea, y 17 puntos por debajo del promedio de la zona euro, que escalará hasta el 86,5%.
La UE reconoce ahora que el PIB solo caerá el 0,2% este año
El desempleo y el coste de la deuda bancaria, principales lastres
Al mismo tiempo, España está reduciendo el déficit corriente a marchas forzadas lo que también contribuirá sin duda a adelantar su salida del túnel de la crisis.
El desequilibrio exterior pasará del 9,6% en 2008 al 3,8% en 2011, una reducción superior en un punto a la prevista por los analistas comunitarios hace un año.
El déficit por cuenta corriente se situará este año en unos 50.000 millones de euros, menos de la mitad que el registrado en 2008.

Las mejores previsiones económicas son siempre las del pasado. Bruselas reconoce ahora que la economía española caerá en 2010 sólo el 0,2%, (asumiendo la previsión del 0,3% del Gobierno), una baja bastante más moderada que el 0,8% que había pronosticado hace un año. También el Fondo Monetario Internacional (FMI) ha corregido el tiro. Hace un año su previsión de España para 2010 fue de una caída del 0,7%, pero que el pasado octubre redujo al 0,35%. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo, (OCDE), sin embargo, mantuvo invariable su previsión de hace un año de una caída del 0,3%.

Según las proyecciones de la Comisión de la semana pasada, a partir del cuarto trimestre de 2011, España crecerá al mismo ritmo que la zona euro (al 0,4% trimestral y seguirá al 0,5% en 2012). El FMI apuntaba el pasado octubre más lejos indicando que a partir de 2013, España crecerá a una velocidad mayor que la de Alemania, Francia e Italia. Vale la pena destacar dos datos de las previsiones para 2012 del último análisis de la Comisión Europea: La construcción (que aportó un 12% al valor agregado total de la economía en 2006) tendrá por primera vez un crecimiento positivo después de la crisis, mientras que la inversión en bienes de equipo crecerá un 6%, superior a la de la Unión (5,6%).

En la mejora de la coyuntura ha influido de manera decisiva la reducción del déficit público a un ritmo mucho más acelerado que el previsto por Bruselas. La Comisión se ha ido acercando progresivamente a la senda del Gobierno que para 2011 había previsto un déficit público del 6%. Hace un año Bruselas pronosticó un desequilibrio de las cuentas públicas españolas del 9,3%, que luego fue corrigiendo sucesivamente al 8,8% y finalmente al 6,4%.

El control de la deuda pública permite a España mantener una considerable distancia de países más atacados por los mercados. Para 2012, el endeudamiento de España alcanzará el 73%, del PIB, muy alejado del de Grecia (156%); Italia (119%); Irlanda (114%) y Bélgica, (102%). Y también por debajo de Portugal (92%); Francia (89%); Reino Unido (86,6%) y Alemania (75,2%).

Carmen Reinhart y Kenneth Rogoff han analizado la fuerte vinculación entre el endeudamiento público y las perspectivas de crecimiento. En un reciente estudio señalaban que las economías con un endeudamiento superior al 90% del PIB tienden a crecer mucho más lentamente. En el caso de las economías avanzadas el crecimiento puede ser hasta dos puntos menos que el de las economías con una deuda inferior al 30%. El menor endeudamiento de España implica un menor coste en intereses. Bruselas indica que este año el coste de los intereses de la deuda supondrá el 2% del PIB en España, frente al 2,9% de la zona euro, 4,6% en Italia y 3.5% en Bélgica.
En consecuencia, España puede dedicar más recursos a inversión pública (4,1% del PIB), mientras que la media de la zona euro se situará este año en 2,6%.

La mejor solvencia del sector bancario español en relación con la media europea ha quedado patente con los datos publicados la semana pasada por el vicepresidente de la Comisión y responsable comisario de Competencia Joaquín Almunia. Los recursos totales empleados en España (la mayor parte garantías para asegurar la liquidez) han ascendido a 334.000 millones, bastante menos que en Reino Unido (850.300); Irlanda (723.310); Dinamarca (599.000); Alemania (592.000) y Francia (351.000).
Las diferencias son mucho mayores si se compara el capital realmente inyectado.
Esta mejora de las expectativas no contribuye sin embargo a resolver los dos principales problemas del país, el desempleo, que seguirá creciendo en 2011, impulsado por el aumento de la población y el endeudamiento exterior público y privado que ascendía a 1,7 billones de euros, (169% del PIB) y el 33% de la deuda total en 2009, según el trabajo de Costas Lapavitsas La eurozona entre la austeridad y la suspensión de pagos. La pesada carga de la deuda bancaria (1,6 billones) y la de las empresas (2 billones) es muy superior a la pública 80,6 billones), y el volumen del desempleo son sin duda elementos que inquietan a los inversores.
En resumen: nada nuevo bajo el sol

I+D+i en España

La innovación cae en España un 11,5%
Solo un tercio de las empresas con 10 o más empleados fueron innovadoras entre 2007 y 2009, según los datos del INE EL PAÍS - Madrid - 01/12/2010

El gasto en innovación tecnológica descendió un 11,5% en 2009 respecto al año anterior, situándose en 17.637 millones de euros, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Sólo el 33,9% de las empresas de 10 o más asalariados fueron innovadoras en el período 2007-2009, incluyendo en este capítulo no sólo las innovaciones tecnológicas, sino también las organizativas y de comercialización. Si se restringe el capítulo a innovación de productos o de procesos, el porcentaje de las empresas innovadoras se reduce al 20,5%, o una de cada cinco. El porcentaje se eleva al 22,9% si se consideran las empresas con innovaciones tecnológicas en curso o no exitosas.
Según la Encuesta sobre Innovación en las Empresas, presentada por el INE para 2009, es el sector de telecomunicaciones el que tiene el mayor porcentaje del total del gasto en innovación tecnológica, con un 11,9%, seguido del sector servicios de I+D, con un 9,5%. y el de transportes y almacenamiento, con un 9,2%. En el análisis por rama de actividades, destacan las empresas farmacológicas. ya que un 75,1% de ellas son innovadoras, así como las químicas (un 60,1%); en servicios están a la cabeza las empresas de I+D (un 77,9% son innovadoras) y las de información y comunicaciones (43,6%).
Por comunidades autónomas, las empresas con mayor gasto en innovación, en 2009, fueron las de la Comunidad de Madrid (con un 38,8% del total del gasto), seguidas de las de Cataluña (19,8%) y las del País Vasco (10,1%). Por la cola, están Canarias (0,65% del gasto), Cantabria (0,58%), la Rioja (0,37%), Extremadura 0,29%), Ceuta (0,02%) y Melilla (0.01%). En cuanto al mayor crecimiento registrado en 2009 respecto a 2008, destacan Aragón y Castilla y León.
El INE especifica que se definen como actividades innovadoras "toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de organización, financieras y comerciales, incluyendo la inversión en nuevo conocimiento, que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de innovaciones". Se distinguen así, dos tipos de innovaciones: las tecnológica y las no tecnológicas, de manera que las segundas "comprenden los nuevos métodos de comercialización de productos (bienes o servicios), o nuevos métodos de organización de las prácticas de negocio".
Según el Marcador Europeo de Innovación, elaborado por la Comisión Europea, España ocupa el puesto 17 de la UE de los 27 en cuanto a innovación en 2009 (en la tabla elaborada con 29 marcadores), y es uno de los países innovadores moderados, tras el grupo de los líderes de innovación y el de los seguidores, y sólo por delante de los de alcance.
El mismo día en que el INE ha presentado los datos de innovación, la multinacional de consultoría Altran ha dado a conocer su Indice Altran de Potencial Innovador, con la presencia en el acto del secretario general de Innovación Juan Tomás Hernani, del Ministerio de Ciencia e Innovación. Según Altran, "España es el país que mejor avance registra entre 2005 y 2010"; el índice "mide la capacidad innovadora y tecnológica de Europa".
"Los resultados obtenidos por España en este índice son el reflejo de las medidas adoptadas y del esfuerzo inversor en I+D+i por parte del Gobierno en los últimos cinco años, que ha permitido prácticamente duplicar el potencial innovador", ha dicho Hernani acerca de los datos presentados por Altran. "Pero al mismo tiempo, muestra la necesidad de establecer y mantener en el tiempo políticas que impulsen a nuestro país a situarse en los primeros puestos, objetivo principal de la Estrategia Estatal de Innovación".
En 2010, según Altran, Suecia, Finlandia y Dinamarca encabezan el índice como países con mayor capacidad de innovación, al igual que lo hicieron en 2005. España está en el puesto 12 de la lista, y "representa uno de los principal avances, ya que casi dobla su valor del índice Altran en 2010 respecto a 2005, (pasando de un valor de 0,24 a 0,47).


Ciencia deja sin gastar uno de cada tres euros del presupuesto para I+D
El recorte global de las partidas para investigación será del 8,4% el año próximo
ALICIA RIVERA - Madrid - 27/11/2010

La I+D española no solo sufre los ajustes presupuestarios, sino que además tiene partidas sin utilizar. La ciencia y la tecnología, incluidas actividades civiles y militares, sufrirán el año próximo una reducción de la financiación de un 8,4% respecto a 2010, según el proyecto presupuestario, lo que se acumula al 5,5% de recorte de este año respecto a 2009. "Esto entierra definitivamente la etapa de crecimiento del gasto en I+D+i de la anterior legislatura", señala un análisis sobre la política de investigación realizado por CC OO a partir de datos oficiales.
España partió de un retraso en este ámbito respecto a los países más desarrollados, "atraso que se corrige muy lentamente y, al ritmo actual, la convergencia con Europa tardará aún muchos años", advierte el estudio. Igualmente se aleja el ansiado cambio del modelo productivo.
Pero las grandes cifras del presupuesto difuminan la situación real del gasto público en I+D: en 2009 sólo se utilizó el 79% de los 8.405 millones de euros (sin contar los organismos públicos de investigación y las agencias) aprobados para investigación en distintos departamentos, con lo que quedaron sin ejecutar 1.730 millones de euros, en su mayor parte préstamos dirigidos a las empresas, puesto que los científicos no pueden endeudarse. Especialmente baja fue la utilización de los fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación que, en 2009, "dejó de ejecutar uno de cada tres euros de los que disponía, mientras que el nivel del Ministerio de Industria fue muy superior".
Los cinco departamentos con competencias de I+D+i muestran diferentes resultados de utilización de sus recursos en 2009: Ciencia e Innovación, 67%; Industria, 95%; Defensa, 98%; Sanidad, 81%, Educación, 90%. El bajo porcentaje del departamento que dirige Cristina Garmendia se debe, sobre todo, al gran peso del capítulo de préstamos, cuyo alto volumen ha servido para presentar datos absolutos de inversión elevada pese al recorte de ayudas directas. Dentro del mismo ministerio, los programas de subvenciones para la ciencia y los organismos de investigación rondaron una ejecución del 90% o mayor.
"Las cifras absolutas, tanto en 2009 como en las previsiones de 2010, suponen alcanzar los niveles más altos nunca registrados de volumen de créditos utilizados, pero la provisión ha sido superior a la demanda de empresas y comunidades autónomas", dijo un portavoz de Ciencia. "Nuestra decisión es ir sustituyendo las subvenciones por préstamos en el I+D empresarial". Hay que destacar que en el proyecto presupuestario para 2011, Ciencia e Innovación sufre un recorte notablemente inferior (casi el 4%) a la media de la caída global de I+D+i (8,4%). Será Industria el departamento que soportará el grueso -dos tercios- de la caída el año que viene.
El análisis de CC OO aporta una perspectiva de la evolución del esfuerzo gubernamental en I+D. Entre 2004 y 2008 se constató un avance muy notable, pero ya en 2009 se frenó, y en 2010 han llegado las fuertes reducciones, que se acentúan en las cuentas de 2011. Pero al desglosar las cifras de los años de vacas gordas emergen datos más moderados de la trayectoria seguida. Desde 2004 hasta ahora, el capítulo de préstamos ha aumentado un 127%, mientras que las ayudas directas a la investigación han crecido un 56%. En 2011, el 61% de los fondos de I+D+i son gastos financieros, pero su cuantía total cae el 9,6%.
El empleo científico bajará un 6,2%
Los Organismos Públicos de Investigación (OPI) dependientes del Ministerio de Ciencia e Innovación, perderán, con los presupuestos de 2011, un 6,2% de sus trabajadores, pasando de 4.716 en este año a 4.423 el próximo (excluido el CSIC), según el análisis de los expertos de Comisiones Obreras. Esta reducción se debe, sobre todo, a que no se cubren las plazas de quienes se van jubilando; y el descenso de personal afecta tanto a los funcionarios como a los trabajadores con contratos laborales fijos y, en menor medida, entre los laborales eventuales.
En el CSIC, el mayor organismo de investigación en España, con casi 140 institutos y centros, y más de 7.000 trabajadores, la situación se presenta dramática porque, con el proyecto presupuestario, solo se convocarán 100 plazas en 2011, pese a que la tasa de jubilación actualmente es alta.
El Ciemat pasará el año que viene de 1.161 trabajadores a 1.099, es decir, una disminución del 5,3%, que es algo inferior al 7,2% del Instituto de Salud Carlos III, que pasará de 1.113 a 1.033 en 2011.
Ante esta situación, Comisiones Obreras pide medidas efectivas para "la recuperación de las plazas amortizadas [en los organismos científicos], ya que la investigación es un sector prioritario", así como eliminar la precariedad temporal de los trabajadores e incentivar el crecimiento y rejuvenecimiento de las plantillas.
Entre 2009 y 2011, los fondos públicos dedicados a los OPI (excluyendo la autofinanciación del CSIC), cae de 1.242 millones de euros a 1.003 millones. "Por ahorrar menos de 240 millones anuales (el 10% de lo recaudado con el derogado Impuesto sobre Patrimonio) o una nimiedad comparado con los miles de millones despilfarrados con el Plan E y similares, el Gobierno está poniendo en serio peligro la continuidad de todos los OPI, condenándolos a la inactividad y obligando a que se despida o no se renueven los contratos y becas a cientos de trabajadores ligados a la investigación", advierte CC OO.

Editorial El País 28-11-2010

Esta es una crisis genuinamente americana, pero hace tiempo que tiene en Europa su principal escenario. Los daños reales -contracción del crecimiento del PIB, elevación del desempleo y elevada tasa de mortalidad- son ya superiores a los sufridos por la economía estadounidense. Las perturbaciones financieras, aun cuando no hayan originado quiebras bancarias tan numerosas y aparatosas como las que han tenido lugar en aquella economía, llevan camino de complicar de forma muy significativa la vida entre las economías que comparten moneda y la propia dinámica de perfeccionamiento de la integración europea.
Las economías consideradas periféricas han sufrido hasta ahora las peores consecuencias de ese rápido contagio. En Grecia e Irlanda existían factores objetivos de vulnerabilidad. De forma irresponsable, el Gobierno irlandés fue el primero en asumir la garantía total de los pasivos bancarios, aunque se adelantó a anunciar un ajuste presupuestario drástico. Manteniendo, eso sí, la ventaja competitiva de un impuesto sobre sociedades tan bajo, que bien puede citarse como un caso de dumping fiscal. La precaria salud de su sistema bancario derivó en el auxilio del presupuesto público. El resultado es un déficit en el entorno del 40% del PIB, causa de esas ventas masivas de bonos públicos que llevaron los correspondientes tipos de la deuda pública a niveles sin precedentes. El nivel insostenible de la deuda pública propició el estreno de la Facilidad de Estabilidad Financiera aprobada en mayo por el Ecofin. Las condiciones impuestas a cambio de los 90.000 millones de euros garantizados tratan de reducir en los próximos tres años el déficit público en 15.000 millones, mediante sacrificios notables en los gastos sociales y en la remuneración de los trabajadores públicos.
Los ataques vendedores de bonos no han concluido. Portugal y España siguen expuestos, aunque las circunstancias sean significativamente distintas. Las dos economías ibéricas comparten una manifiesta debilidad en la recuperación del crecimiento económico. La salud de sus sistemas bancarios es mucho mejor que la del irlandés, pero los operadores financieros pueden llegar a asumir que ese sistema de vasos comunicantes entre sistema bancario y deuda pública puede reeditarse. No hay muchas razones para ello, pero hace meses que los mercados han dejado de actuar de forma absolutamente racional. Y, en última instancia, es verdad que si las economías no crecen, los deudores privados, que en el caso español tienen el grueso de la deuda total, pueden deteriorar la solvencia y la liquidez de los bancos.
Evitar la alimentación de ese círculo vicioso es obligación en primer lugar de los Gobiernos nacionales, pero las instituciones europeas y el resto de los Gobiernos de la eurozona han de procurar neutralizar la continuidad de esos ataques. Lo que está en juego ya no es solo el bienestar de los ciudadanos de las economías periféricas, sino la propia integridad de la unificación monetaria europea. Es esta una razón suficiente para que los Gobiernos de Alemania y Francia asuman que un escenario de hundimiento de economías periféricas es en sí mismo una amenaza muy seria al bienestar de sus propios ciudadanos. Transmitir de forma decidida ese apoyo es la condición necesaria para que Europa no retroceda décadas.

Lo que nos queda (coyuntura económica española

El problema actual más acuciante de la economía española, por un lado se centra en el acceso y el coste de la financiación en los mercados financieros nacionales e internacionales tanto para las familias y empresas como para las entidades crediticias y financieras e incluso para los distintos niveles de las administraciones públicas, y por otro la inexistencia de sectores económicos potentes capaces de competir en los mercados globales y por lo tanto, susceptibles de generar demanda hacia productos y servicios generados en el seno de nuestro país.
El crecimiento económico de los últimos años se ha financiado con fondos procedentes del exterior. Lo problematico es que mucha de esa deuda externa se invirtió en bienes no exportables y que no evitan las importaciones.
Por lo tanto los dos problemas antes mencionados se entrecruzan y sus efectos negativos sobre el horizonte económico español se incrementan. Por establecer una comparación con el caso irlandés, la diferencia reside en que ese mismo endeudamiento financiado con fondos exteriores ha sido utilizado en la potenciación de sectores cuya producción se dirige hacia los mercados internacionales, en lugar de orientarse hacia el mercado interno (esta es la razón por la cual las expectativas futuras de la economía irlandesa son mejores que las de la economía española, _aunque está por ver las consecuencias del drástico ajuste presupuestario del gobierno irlandés_.

Según comenta Guillermo de la Dehesa, "estos problemas están estrechamente unidos al déficit por cuenta corriente generado en la última década. Nunca se había dado importancia al déficit por cuenta corriente de la balanza de pagos de un país miembro del área euro (AE), dada la supuesta convergencia condicional entre los países miembros, donde aquellos con menor nivel de desarrollo tienden a crecer a mayor ritmo que los más desarrollados, con lo que puede ser óptimo para los primeros tener un déficit por cuenta corriente y financiarlo con su mayor tasa de crecimiento de la productividad y la competitividad externa.
La convergencia condicional asume que el aumento futuro de las exportaciones netas permitirá pagar el servicio de la deuda externa contraída. Pero para que así sea es necesario que los recursos externos tomados se inviertan en la producción de bienes y servicios exportables o comerciables. Sin embargo, en España no ha sido así, ya que buena parte de la deuda externa se ha invertido en la producción de bienes no exportables o no competidores con las importaciones, al ser utilizados en buena parte en construir viviendas que no son exportables, aunque algunas hayan sido compradas por no residentes europeos aprovechando los bajos tipos reales de interés y la ausencia de riesgo de cambio españoles.
Al final, lo único que se ha conseguido es una productividad laboral muy baja y una PTF negativa, al utilizarse el auge del crédito financiado en el exterior para respaldar una burbuja de demanda interna que ahora hace difícil refinanciar toda la deuda externa tomada. Así se ha llegado a un déficit externo por cuenta corriente tan abultado. Es verdad que es muy difícil controlar un auge del crédito en algunos países miembros cuando el BCE se concentra exclusivamente en conseguir mantener la tasa armonizada de inflación al consumo (ponderada por el PIB de cada país miembro) a medio plazo dentro de sus objetivos, y los tres más grandes, Alemania, Francia e Italia, han crecido poco y con baja inflación.
Sin embargo, el eurosistema podría haber recurrido a aumentar el coeficiente de caja (obligar a los bancos a tener una mayor cantidad de dinero líquido) de forma diferenciada para cada país miembro para evitar la burbuja que se ha producido en aquellos países convergentes con mayor tasa de inflación y menores tipos reales de interés, pero no lo hizo. Felizmente, el Banco de España se atrevió a establecer el sistema de provisiones dinámicas para intentar reducir la explosión esperada del crédito".
Cuando algunas entidades de crédito tienen dificultades para hacer frente a dichos impagos y problemas de liquidez, circunstancia que ha ocurrido en muchos paises y recientemente en Irlanda (excepción hecha de Islandia que prefiríó no acudir al rescate de las entidades financieras,) transfieren parte de su deuda al Estado, al tener este que rescatarlas, reestructurarlas o suministrarlas liquidez comprando sus activos dañados para evitar que caigan en una situación de insolvencia y contagien al resto del sistema,
Como consecuencia de este "rescate masivo", el Estado se ve obligado a hacer una fuerte contracción fiscal derivada de su mayor gasto, tanto en estímulos fiscales para evitar una recesión mayor como al activarse los estabilizadores automáticos, especialmente por mayor desempleo y mayores ayudas no contributivas. Es entonces cuando se ve obligado a transferir también parte de su deuda a las familias y empresas, reduciendo sus gastos corrientes y de inversión y aumentando sus impuestos para poder reducir su déficit y refinanciar su deuda con menores costes financieros.
Ahora las familias y las empresas (que son las que financian el Estado y la Seguridad Social con sus impuestos y contribuciones) están viéndose obligadas a reducir su gasto y aumentar su ahorro para poder repagar sus préstamos hipotecarios y refinanciar sus deudas. Las entidades crediticias tienen que reducir sus préstamos y darlos más caros para poder hacer frente a sus mayores provisiones de morosidad, falencia, así como aumentar sus depósitos y vender activos para atender las mayores demandas de capital y provisiones, y finalmente, las administraciones públicas se ven obligadas a gastar menos y subir los impuestos (contracción fiscal) para poder refinanciarse en los mercados a menor coste que el actual.
El problema de las contracciones fiscales es que tienden a reducir el crecimiento económico. El FMI ha calculado recientemente que, en promedio, cada punto porcentual de PIB de contracción del gasto público reduce el crecimiento del PIB hasta medio punto porcentual dos años más tarde y aumenta el desempleo hasta tres décimas de punto dos años más tarde. Su magnitud es menor si solo se reduce el gasto corriente, pero puede ser mayor si también se reduce inversión y si además se aumentan los impuestos.
Los tres mayores gastos del presupuesto consolidado de las administraciones públicas son el coste del servicio de la deuda, el del desempleo y el de las pensiones contributivas y no contributivas. De ahí que el efecto contractivo señalado por el Fondo Monetario Internacional podría ser menor si se despeja cuanto antes el problema fiscal futuro de las pensiones y de la sanidad, lo que daría una mayor confianza general y un mayor incentivo a familias y empresas para consumir e invertir ahora, y a las entidades crediticias para deshacerse de sus activos morosos y fallidos. Además, se enviaría un claro mensaje a los mercados de que se hacen y profundizan las reformas estructurales anunciadas, reduciéndose así el coste del servicio de la deuda.
Pero el problema fiscal de las pensiones no existe en este momento, por lo tanto su reforma no es tan urgente como dice el FMI (en todo caso puede servir para dar confianza a los inversores extranjeros, pero no para reactivar la economí que es el verdadero problema) y aumentar el consumo de las familias tampoco es solución pues pasa por un irremediable incremento de las necesidades financieras